Pescadores y ecologistas cuestionan impactos de megaproyecto turístico de Escuinapa

El Centro Integralmente Planeado (CIP) Escuinapa es uno de los proyectos más ambiciosos del actual gobierno, ubicado al sur de Sinaloa dentro de Marismas Nacionales, su construcción está diseñada alrededor de una de las zonas de humedales prioritarias para la conservación a nivel internacional; lo que ocasionará un severo desgaste ecológico a la región y un alto impacto a la actividad pesquera en el noroeste del país, indicaron en comunicado de prenda las organizaciones ambientalistas.

El Proyecto considera una capacidad de 44,200 cuartos, 4 campos de golf, una marina de 400 embarcaciones, un malecón marítimo del palmar, paseo de los lagos interiores, ramblas comerciales y de entretenimiento, y otros servicios.

Entre otras omisiones legales, las organizaciones destacaron las observaciones y comentarios que se han generado acerca de la MIA: “el proyecto está fragmentado y no se expone la totalidad de los impactos que el CIP causaría a la región desde el punto de vista ambiental”, considerando que Fonatur mencionó una inversión de 200 millones de pesos para estudios en materia ambiental para el Proyecto.

La MIA no incluyó estudios sobre especies endémicas como reptiles, peces, moluscos, según indica la NOM-059-SEMARNAT-2003 y sobretodo acerca de las más de 250 especies de aves.  A la lista de omisiones, se suma que en la Manifestación no se señala una planeación detallada para la provisión de los servicios básicos como son el agua y la recolección de desechos sólidos, siendo este último un grave problema para el municipio Escuinapa ya que no cuenta con un relleno sanitario.

Adicionalmente no se propusieron las medidas de mitigación adecuadas basadas en los criterios ecológicos de la Convención Ramsar, tratado internacional para la acción nacional en pro de la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos, de la cual México forma parte y es uno de los países con mayor número de humedales registrados, incluyendo Marismas Nacionales, comentó Sandra Moguel, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Marismas Nacionales tiene un valor especial para la preservación de la diversidad genética y ecológica de la región, es reconocida como zona de jaguar, cuenta con alrededor del 10% del total de manglares de México y más de 90 especies de fauna de las cuales 73 se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, y es el hábitat de una población de 20,000 aves acuáticas y refugio invernal para más de 100,000 aves acuáticas migratorias.

"Con una MIA mal hecha se pretende dar inicio al CIP, el cual fue inaugurado por el mismo Presidente sin ningún permiso por parte de Semarnat. El proyecto tampoco contempla las externalidades que generará: el municipio de Escuinapa no está listo para recibir este desarrollo ya que actualmente en la región hay una gran escasez de vivienda. El Plan Municipal de Escuinapa 2008-2010 no cuenta con líneas estratégicas de preservación de medio ambiente, pero sí con mecanismos para hacer cambios de uso de suelo”, señaló Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos y costas de Greenpeace.

El Cemda, junto la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Greenpeace México, Wildcoast, Conselva y Red Manglar, presentaron en Abril del 2009, una petición al Secretariado Ramsar en el cual  se informa sobre el incumplimiento del Gobierno Federal en su compromiso como integrante de la Convención, de proteger los humedales mexicanos enlistados en Ramsar.

Tanto pescadores de Sinaloa y Nayarit, como ONG’s locales y pobladores, han manifestado su preocupación por una posible resolución a favor del desarrollo del CIP en Escuinapa, debido a que temen la afectación que los impactos sobre el ecosistema generarán a los ingresos económicos de la actividad pesquera, que hasta ahora es regulada en gran parte por la existencia de los humedales y manglares de Marismas Nacionales.

La abogada ambiental Sandra Moguel destacó también la importancia de la participación de las organizaciones ambientales en la Reunión Pública de Información, como ejercicio de involucramiento público en la evaluación de impacto ambiental, para el empoderamiento de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto al uso y aprovechamiento de sus recursos naturales.