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Greenpeace exige cárcel a servidores públicos que aprueben transgénicos

por Organizaciones de la Sociedad Civil Última modificación Feb 15, 2013 05:02 PM
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La organización ecologista Greenpeace presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de quien resulte responsable, en caso de que el Gobierno Federal de México apruebe solicitudes de siembras comerciales de maíz transgénico aun cuando la normatividad está incompleta.

MÉXICO.- Como lo ha publicado bionero.org, actualmente, corporativos transnacionales como Monsanto, Pioneer-DuPont, Syngenta, mantiene sendas solicitudes para la aprobación de siembra comercial de maíz transgénico, lo que representaría la pérdida irremediable de las variedades de maíz autóctono mexicano y una irreversible contaminación de las razas originales del maíz, planta cuyo centro de origen es México.

De acuerdo con la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), para que se otorguen permisos de siembras comerciales, las empresas deben presentar un Reporte de Resultados de las fases de siembra previas (experimental y piloto); y las características de ese documento deberán ser establecidas por Normas Oficiales Mexicanas, mismas que todavía no han sido emitidas.

Por ello, aquellos funcionarios de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que otorgaran permisos para siembras comerciales, estarían incurriendo en un delito que según el artículo 420 Ter del Código Penal Federal (CPF) es sancionable con penas de uno a nueve años de prisión y multas de trescientos a tres mil días de salario mínimo, sostuvo la organización.

“Esta denuncia tiene un sentido disuasivo, estamos sentando un antecedente penal para que quien o quienes autoricen una siembra comercial de maíz transgénico, reciban la sanción correspondiente que puede ser de hasta 9 años de cárcel. Es decir, en caso de seguir autorizando siembras a campo abierto sin apegarse al marco normativo de bioseguridad, los responsables tendrán que enfrentar un proceso penal, que lo sepan antes de firmar”, explicó María Colín, asesora legal de Greenpeace.

De acuerdo con manifestaciones de la  Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat de la administración anterior, las empresas han pretendido subsanar el vacío legal mediante la presentación de reportes de resultados en formatos libres, “lo que genera incertidumbre jurídica, además de que compromete los procedimientos legales, concretamente lo relativo al enfoque metodológico paso por paso”, abundó Colín.

Explicó que el proyecto de la norma relativa al Reporte de Resultados se encuentra en consulta pública durante 60 días naturales, plazo que inició el 1° de enero de este año; por lo que -en estricto apego a la ley- la liberación de siembras comerciales de maíz transgénico en este momento y en tanto no esté publicada la Norma en el Diario Oficial de la Federación, sería ilegal, de igual manera que si una vez publicada no se cumplieran los lineamientos.

“Hasta la fecha han sido otorgados 195 permisos de siembra de maíz transgénico para las fases experimental y piloto a pesar de que no hay un marco de bioseguridad completo. La anterior administración ya infringió la ley”, denunció Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace quien exigió al actual titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, apego a la legalidad y por ende la protección del maíz mexicano y de nuestra soberanía alimentaria evitando la siembra de maíz transgénico.

En este marco Greenpeace exigió:

 

  • Que no se otorguen los permisos de siembra comercial de maíz transgénico que  están en trámite.
  • La revisión de los permisos de siembra de maíz transgénico en fase experimental  y piloto otorgados por la administración anterior.
  • Restablecer la moratoria a la siembra de maíz transgénico en México, centro de  origen del maíz.

 

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