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El Acueducto Independencia viola derechos humanos de pueblo yaqui

por Organizaciones de la Sociedad Civil Última modificación Jan 22, 2013 05:14 PM

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) expresó su confianza en que la decisión que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con relación a la demanda de amparo presentada por la tribu yaqui en el caso de la construcción del Acueducto Independencia en el estado de Sonora, reconozca que fueron violados los derechos humanos de este pueblo indígena y que no se garantizó su adecuada participación en este proceso.

 El Acueducto Independencia viola derechos humanos de pueblo yaqui

La Suprema Corte mexicana decidirá sobre la legalidad del Acueducto Independencia. Foto vía abartolina.com.mx

MÉXICO.- Se espera que en la sesión de este miércoles 23 de enero, la Suprema Corte de Justicia resuelva en el sentido de la sentencia emitida por un juez de distrito, en la cual se resolvió a favor de la demanda de amparo presentada por la tribu yaqui en virtud de las violaciones a sus derechos a la información, participación, consulta, derecho y acceso preferente a sus recursos naturales.
El CEMDA recordó que, sin informar, ni consentir la participación de la tribu yaqui, en enero de 2010, el gobierno del estado de Sonora, encabezado por Guillermo Padrés, presentó el proyecto denominado Sonora Sistema Integral (Sonora SI) donde se proponían diversas obras hidráulicas para abastecer de agua a varias ciudades de dicha entidad. Entre las obras contempladas se propuso un acueducto denominado "Independencia" que, desde el Río Yaqui, en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo), llevará 75 millones de metros cúbicos de agua anuales hasta la ciudad de Hermosillo.
En julio del 2010, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de su órgano desconcentrado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), otorgó 50 millones de metros cúbicos de agua para la construcción del Acueducto Independencia y ese mismo mes se publicó la convocatoria para licitar dicha construcción. En ninguno de estos momentos se consultó al pueblo yaqui, a pesar de que era clara la afectación directa que esto les representaría en cuanto al abasto de agua.

En el mes de noviembre de ese mismo año, Semarnat recibió el oficio para ingresar la Manifestación de Impacto Ambiental. A pesar de que el procedimiento de evaluación se realizó sin informar ni permitir la participación de los yaquis, el proyecto fue autorizado en febrero de 2011.

Fue entonces que, ante todas las violaciones anteriormente descritas, la tribu yaqui decidió presentar una demanda de amparo, recibiendo una sentencia favorable en mayo de 2012, la cual fue recurrida por las autoridades federales. Debido a la importancia y transcendencia de los temas que se ventilan en dicho juicio, la SCJN decidió atraer el asunto.
Cabe señalar que, a pesar de existir diferentes acciones judiciales en trámite, sentencias de amparo que ordenan reponer el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, así como una Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuyo sentido es que no se realice la obra, el gobernador Padrés ha hecho caso omiso de todo y ha continuado con las obras del Acueducto, el cual se encuentra parcialmente construido.
Con esta actitud, el gobernador ha ocasionado que el Acueducto se haya convertido en un generador de conflictos sociales en la región, debido a las inconsistencias jurídicas y la violación de derechos humanos en que ha incurrido.
Más grave aún resulta que, a pesar de que el acueducto se construye en franca violación de órdenes judiciales en las que se ha demandado suspender su construcción -incluso apercibiendo al gobernador Guillermo Padrés que de no actuar se procedería a utilizar la fuerza pública-, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa haya acudido a la entidad a dar su aval a dicha obra.

Gustavo Alanís, director general del CEMDA, señaló que "es sumamente grave que a pesar de todas estas irregularidades, las autoridades, quienes deberían ser las principales comprometidas con el cumplimiento de la ley y de garantizar y respetar los derechos humanos, se presten a avalar violaciones sistemáticas."  Y agregó que "no se puede argumentar que las obras son para beneficio de la mayoría para justificar la violación de la ley y de los derechos fundamentales de las comunidades".

Desde febrero de 2011, al participar en la consulta pública de este proyecto, el CEMDA señaló que la construcción de esta obra generará alteraciones a los patrones hidrológicos de la región, así como afectaciones negativas a los humedales que son abastecidos de agua por los ríos que se pretenden desviar, aunado al hecho de que la obra pone en riesgo la Región Terrestre Prioritaria (RTP) Bavispe-El Tigre, clasificada así por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), ubicada en la Cuenca del Río Yaqui, así como la Región Hidrológica Prioritaria (RHP) Río Yaqui-Cascada Basaseachic.
Cabe recordar que La Tribu Yaqui es un pueblo indígena del estado de Sonora, asentado originariamente a lo largo del Río Yaqui. El 22 de octubre de 1940 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del presidente Lázaro Cárdenas, el cual restituye y titula el territorio a la tribu yaqui, otorgándoles el derecho al 50% del agua existente en el caudal de este río.

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