Comisión de Derechos Humanos emite recomendación por ecocidio en "ombligo verde"

CANCÚN (Quintana Roo).- Mientras que el ex alcalde Gregorio Sánchez Martínez está tras las rejas acusado de narcotráfico, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo dictó la recomendación número 16/2010/VG-II del caso público denominado “Ombligo Verde”, en el que 110 ciudadanos de Cancún, representantes de ONGs, colegios de profesionistas y medios de comunicación, denunciaron el daño ecológico ocasionado con motivo de la hoy cancelada obra “Gran Parque Bicentenario” y Palacio Municipal de Cancún.

Sánchez Martínez, a quien su ambición política lo llevó a conseguir la candidatura a gobernador por el PRD, misma que quedó truncada al ser aprendido por sus presuntas ligas con narcotraficantes, fue el autor intelectual de la tala de más de tres hectáreas de un manchón de selva urbana, el último reducto verde urbano en este polo turístico.


La recomendación que dictó el Ombusdman de Quintana Roo, maestro Enrique Norberto Mora Castillo, fue notificada el día 26 de julio a las 14:00 horas al Presidente Municipal de Benito Juárez,  Jaime Hernández Zaragoza, a efecto de que en el término de cinco días hábiles, dé respuesta sobre la aceptación o no aceptación de la misma.

Enseguida reproducimos textualmente la recomendación:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo resolvió:

PRIMERO .- “Que se identifique a todos y cada uno de los servidores públicos que hayan aprobado y/o autorizado y/o ordenado y/o que hayan participado en modo alguno para que la obra pública municipal que se desarrolló en el espacio público conocido como “Ombligo Verde” haya iniciado sin contar con todos los permisos y autorizaciones respectivas y, una vez hecho lo anterior, se instruya el procedimiento de responsabilidad respectivo para la aplicación de las sanciones que correspondan conforme a derecho. Adicionalmente, procédase, en los términos aplicables del párrafo anterior, con respecto de la autoridad que se abstuvo de aceptar la medida cautelar decretada, en términos de lo dispuesto por el numeral 69 de Reglamento Interior de esta Comisión.”

SEGUNDA.- Que toda obra pública municipal que se desarrolle en el espacio público conocido como “Ombligo Verde”, se realice respetando en todos los aspectos el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar y, adicionalmente, proporcionar a la comunidad toda la información relativa a la misma, por diversos medios y vías, a efecto que toda persona pueda corroborar que la obra municipal observe lo dispuesto en el párrafo cuarto, del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en caso contrario, esté en aptitud de hacer valer las acciones respectivas antes las autoridades que sean competentes.


TERCERO.- En la medida de lo posible, procédase a restaurar el área impactada del espacio público conocido como “Ombligo Verde”, en todo el espacio que se haya afectado más allá de lo autorizado.


El Segundo Visitador General de este Organismo, Tirso Esquivel Avila, informó que el expediente del caso público “Ombligo Verde” consta de mil 400 fojas útiles, se inicia como parte de la denuncia pública de los medios de comunicación, organizaciones civiles y ciudadanas y residentes de Cancún.

Cabe recordar que al rendir su informe respectivo el 24 de agosto del 2009, el entonces Presidente Municipal, Gregorio Sánchez Martínez, argumentó que con esta obra no se estaban violando los derechos humanos de ninguna persona y que el Ayuntamiento tenía la facultad de administrar y disponer libremente de su patrimonio, así como decretar los usos de suelo y sostuvo que estaban cumpliendo con la normatividad ambiental para llevar a cabo esta obra.


En enero del 2010 iniciaron los trabajos de devastación de la zona verde, por lo que el 13 de enero inspectores de la Profepa pusieron los sellos de clausura en la parte que se desmontaba del ombligo verde porque los trabajos carecían de permisos federales. Con ello, quedó demostrado que no se contaban con los permisos para la obra, sin embargo, la devastación continuó en un acto de autoridad anárquico.

Asimismo, cabe señalar que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, emitió la medida cautelar número 002/2010 el 3 de marzo pasado, a efecto de que se suspenda la obra pública hasta que se obtenga todos los permisos y autorizaciones y la obra se ejecutara respetando a plenitud el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar y se provea a la comunidad de toda la información relativa a la obra. Medida que tampoco acató el Presidente Municipal Gregorio Sánchez Martínez.

El 31 de marzo del 2010, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) mediante oficio número 04/SGA/0341/10 comunicó la resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Quinta la Costa (mejor conocido como Gran Parque Bicentenario), mediante el cual autorizó de manera condicionada el proyecto referido así como la remoción de vegetación derivada del cambio de uso de suelo en una superficie de 33,617.70 m2, de los cuales 22,731.38 m2 corresponden a una remoción parcial de la vegetación toda vez que únicamente se llevarán a cabo actividades de socoleo y chapeo mientras que los restantes 10,886.32 m2 se llevará a cabo la remoción total.


Con dicha autorización se subsanó documentalmente la irregularidad de iniciar la obra sin los permisos correspondientes, sin embargo, el daño ocasionado a la zona devastada es materialmente mayor al autorizado por la SEMARNAT, como se puede advertir del documento “Constancia de Visita y Estimación de Daños” que presentó ante esta Comisión el Ingeniero Arquitecto Arturo Machuca García, en la que concluye que el área devastada es de 30,000 m2, es decir, aproximadamente tres hectáreas, y con una profundidad de excavación 3.50 metros, dando un total de 105, 000 m3 de material extraídos del predio.

En conclusión, al iniciar los trabajos prematuramente, es decir, sin contar con los permisos y autorizaciones, las autoridades responsables pusieron en peligro el derecho humano a gozar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de los quejosos y se extralimitaron en la devastación de la zona afectando un perímetro mayor del que le fue autorizado por la Semarnat.

Otra violación a los derechos humanos cometida a los ciudadanos cancunenses por funcionarios del Ayuntamiento Benito Juàrez, fue NO proporcionarle información en forma oportuna y veraz del proyecto referido, ya que a toda costa negaron dicha información a pesar de que se le solicitó a través de su Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Benito Juárez.

Al respecto, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública al resolver el recurso respectivo, ordenó entregar la información respectiva, ya que no fue considerada como reservada ni confidencial.

En síntesis, se puede concluir que las autoridades municipales encabezadas por Gregorio Sánchez Martínez violaron los derechos humanos consistentes en el derecho a un medio ambiente sano, al acceso de información pública para la toma de decisiones, el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica.