Estado Mexicano viola el derecho a la salud de los niños, al propiciarles un ambiente obesigénico

DISTRITO FEDERAL (México).- Considerando que el dictamen emitido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria el pasado 22 de julio sobre la propuesta de regulación de los alimentos y bebidas que se ofrecen y venden al interior de las escuelas de educación básica está poniendo en peligro a la propia regulación: organizaciones defensoras de los derechos de la infancia y de los consumidores se unieron para exigir al Estado Mexicano tomar responsabilidad en la violación que por omisión ha venido cometiendo contra el derecho a la salud de los niños y las niñas al permitir que el sobrepeso y la obesidad haya avanzado hasta llevar a la infancia de nuestro país a ocupar el primer lugar mundial en este mal.

“Los índices de sobrepeso y obesidad alcanzados por la población infantil mexicana es la prueba de que el derecho a la salud de la infancia no ha sido resguardado, especialmente en los espacios donde el Estado tiene la capacidad de actuar, como lo es el espacio escolar, la publicidad dirigida a la infancia y la regulación de los etiquetados. El debilitamiento paulatino de la regulación propuesta, a causa de las presiones empresariales, expresado en este momento por las recomendaciones emitidas por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, es una manifestación más del privilegio que se le da a los intereses empresariales sobre los derechos esenciales de la infancia”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, organización miembro de “Consumidores”.

Juan Martín, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, red que agrupa a más de 60 organizaciones que trabajan en el país defendiendo los derechos de los menores,  señaló: “El derecho constitucional de los niños a la salud es un derecho violado, por omisión, por el Gobierno Mexicano que está obligado a resguardarlo, especialmente, en el caso de un sector reconocido como vulnerable y que requiere de cuidados especiales: la infancia. No solamente se viola la Constitución, también la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que “la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales”, la Declaración de los Derechos de los Niños que señala que “El niño gozará de una protección especial…para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable”, la Convención sobre los Derechos de la Infancia que obliga a los estados parte a proteger “el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud”, entre otros instrumentos internacionales y nacionales”.

La segunda mutilación es la que pretende hacer la COFEMER a partir de las recomendaciones que emitió  para la modificación de la regulación propuesta por la SEP y SS en las que hace suyas las demandas de las grandes empresas productoras de bebidas y alimentos. Recomendaciones, que de ser aplicadas, mantendrían a las escuelas, como el Instituto de Salud Pública las ha descrito, como un ambiente obesigénico, es decir, como fábricas de obesos.

Alfonso Ramírez Cuellar, presidente nacional de El Barzón, apuntó: “Es una mentira de las grandes empresas el argumento de que se perderán empleos con esta regulación, sucederá todo lo contrario. Si las escuelas son abastecidas con frutas, verduras y cereales de la región, se fortalecerá la economía local, comprando a los productores de la zona y quedándose ese dinero en las propias comunidades. Se formarán cadenas de producción-comercialización que hasta ahora son impedidas por el control y dominancia de la comida chatarra industrializada”.

Dolores Rojas, coordinadora de campañas de Oxfam México, miembro de “Consumidores”,  señaló: “La comida chatarra no sólo tiene una muy importante responsabilidad en la epidemia de sobrepeso y obesidad sino también en la desnutrición en la que se encuentran ciento de miles de niños y niñas en las comunidades rurales donde la presencia de estos productos, reforzada por una intensa publicidad, está provocando tanto un deterioro de los hábitos alimentarios, sustituyendo a  alimentos nutritivos, como una extracción multimillonaria de recursos de las comunidades”.

Por su parte, Daniel Gershenson, Presidente de Alconsumidor, organización miembro de “Consumidores” declaró: “Es vergonzoso que la autoridad en México siga sin entender sus funciones, se mantenga capturada y actúe en función de intereses privados que atentan directamente contra los derechos y el bienestar de los niños. Nuestro país no puede seguir siendo la gran excepción universal, donde el interés público brilla por su ausencia y los reguladores son rehenes de consorcios voraces e inescrupulosos”.

En la conferencia de prensa se leyó parte del comentario enviado por Coca Cola a la COFEMER en la que esta empresa señala que la regulación propuesta y sus criterios “violentan la Constitución, son excluyentes, discriminatorios e inequitativos; complejos de aplicar y supervisar; no responden al objeto que pretenden; su aplicación requiere de normatividad adicional; la complejidad de instrumentarlos y supervisarlos propicia impunidad e informalidad”.

Las organizaciones destacaron como Coca Cola ha tenido que acatar regulaciones más estrictas en varias naciones, como la impuesta por el Ministerio de Salud de España la semana pasada, que tomó la decisión de sacar estas bebidas de las escuelas, sin ponerlo a discusión con las empresas, sino como una medida urgente de política de salud pública.