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Denuncian ecologistas proyecto de pesca depredadora en reserva del Alto Golfo de California

por Staff bionero Última modificación Oct 28, 2009 12:01 AM
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MÉXICO.- Las organizaciones ecologistas Defenders of Wildlife y Greenpeace denunciaron riesgos de afectaciones a la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado (RBAGCyDRC) ante la posibilidad de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorice dos permisos para realizar pesca de arrastre dentro de esta Área Natural Protegida.

Denuncian ecologistas proyecto de pesca depredadora en reserva del Alto Golfo de California

Denuncian proyecto pesquero con artes de pesca no sustentables en el Alto Golfo de California. Foto vía europa.eu

En comunicado de prensa, las organizaciones relataron que Ricardo Juárez Palacios, ex director general de Impacto y Riesgo Ambiental  de Semarnat, ahora como presidente del consejo de administración de la empresa Acuacorp de Hidalgo S.A. de C.V., elaboró y defendió dos manifestaciones de impacto ambiental (MIA) para los pescadores de altura y ribereños del Alto Golfo de California, que fueron ya sometidas ante la Semarnat con el fin de permitir la pesca de arrastre y el uso de redes de enmalle dentro de la RBAGCyDRC, lo que pone en riesgo a la vaquita marina y a la totoaba entre otras especies.

Destacaron que las manifestaciones de impacto ambiental están siendo evaluadas por la Semarnat, dependencia en la que trabajó Ricardo Juárez dejando a su paso un expediente negro de daños al medio ambiente y depredación. De ser aprobadas las dos MIA, Semarnat violaría el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de áreas naturales protegidas, ya que la pesca de camarón es depredadora e ineficiente.

“Semarnat no debe autorizar la pesca de arrastre y el uso de redes de enmalle dentro en una área natural protegida. La pesca por arrastre de camarón es una de las pesquerías menos selectivas, ya que su bycatch o pesca incidental implica la captura incidental de más de 200 especies de peces, crustáceos y moluscos, entre los que se encuentran especies en riesgo como la totoaba y puede sobrepasar la captura del propio camarón en proporción de 10 a 1 o mayor. Al igual las redes utilizadas por la pesca ribereña, estos instrumentos tienen baja selectividad y son la principal amenaza de para vaquita marina, especie en peligro de exitnción”, dijo Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos y costas de Greenpeace.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental presentada ante la Semarnat por la Federación de Cooperativas de producción pesquera ribereña del puerto de San Felipe, "las artes de pesca que se utilizarán para la captura son los chinchorros o redes agalleras, chinchorros de línea, cimbras, buceo autónomo y trampas".

Los pescadores de altura del Alto Golfo de California pretenden emplear 109 embarcaciones que se dedicarían a las actividades de pesca de diferentes especies, durante los siguientes 15 años y dentro de la reserva, por un periodo de 90 días distribuidos entre el 15 de octubre al 15 de febrero. Por su parte, los pescadores ribereños pretenden utilizar 265 embarcaciones con redes agalleras durante 10 años, y en ocasiones dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva.

"Quedan tan solo 150 vaquitas marinas en todo el mundo, concentradas en una pequeña porción del Alto Golfo de California. Cualquier mortandad por pesca incidental es un desastre para su población y conduce a la especie a la extinción. Autorizar la pesca de arrastre en la Reserva de la Biosfera y Refugio de la vaquita marina será el último clavo en el ataúd de la especie. El mundo entero espera la decisión de la Semarnat para condenarla o aplaudirla", dijo Juan Carlos Cantú, director de programas de Defenders of Wildlife de México.

“Por la información que presentó Ricardo Juárez, se debe considerar como ineficaz e incompleto el manifiesto de impacto ambiental y por consecuencia negar la autorización en materia de impacto ambiental, en los términos del artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Proceder de otra manera seria transgredir las políticas publicas en materia ambiental y por lo tanto el Estado de Derecho”, finalizó Olivera.

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