Denuncian a empresa y autoridades ambientales por daños a humedales y Laguna Coyutlán

Esperanza Salazar Zenil, vocera de la organización civil Bios Iguana,  afirmó que el proyecto de la TGNLM,  se esta instalando sin bases jurídicas, ya que desde el año 2007 se modificó el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán de manera ilegal para dar cabida a este y otros megaproyectos industriales en la zona.
Dijo que la Semarnat autorizo un proyecto que no cuenta con los estudios técnicos necesarios para determinar que no habrá daño al ecosistema que cuenta con 1,300 hectáreas de manglar. En tanto que la PROFEPA a pesar de tener denuncias y solicitudes para que se revisen las condicionantes que se impusieron en el resolutivo con el fin de que la empresa pudiera cumplirlos antes de comenzar con el proyecto, ha hecho caso omiso y esta permitiendo que se lleven a cabo acciones como el daño irreversible a la Laguna de Cuyutlán, que es el cuarto humedal mas grande en el pacifico mexicano.
Salazar Zenil, mencionó que al acudir a la Subprocuraduría de la PROFEPA a cargo de la Dra. Mari Carmen Carmona para denunciar al Delegado en Colima, la funcionaria les recomendó que como organización ambientalista deberían dedicarse mejor a proteger el vaso IV de la Laguna de Cuytlán, ya que los otros tres los ha requerido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ampliar el puerto de Manzanillo, sin embargo prometió revisar el caso del Delegado.
“Las autoridades que debieran estar protegiendo el medio ambiente están sólo protegiendo a las empresas privadas que sólo destruyen el entorno, desplazan comunidades, y generan mayor pobreza en nuestro país”, sostuvo Bios Iguana.
“Esperamos que la denuncia penal que estamos interponiendo sea atendida, ya que la Procuraduría de Justicia del Estado de Colima tiene ya varias denuncias por delitos ambientales y no les ha dado ninguna salida. Es urgente que los ciudadanos contemos con dependencias de impartición de justicia en materia ambiental, pues los ministerios públicos no saben que hacer en esos casos” finalizo la activista.